Saltar al contenido

¿Flexibilidad o responsabilidad en el manejo de las regalías? Optemos por responsabilidad

“si la cultura de la sociedad no distingue entre el rol del rey como persona privada y el rol del rey como rey, es imposible acusar al rey de corrupción en el uso de dineros públicos”.

Samuel Huntington

Hace unos días, la plenaria del Senado de la República aprobó el proyecto de Presupuesto General del Sistema de Regalías para 2013-2014. Dicho presupuesto contará con un monto no despreciable de $17,7 billones de pesos orientado a aprobar y financiar proyectos de impacto regional y nacional a través de la nueva legislación que regula el sistema general de regalías y que entró en vigencia en mayo de este año.

Como es de esperarse frente a una ley tan controversial, hay quienes defienden y celebran por lo alto esta apuesta de centralización de recursos, mientras otros prenden las alarmas considerando que dicha ley atenta contra la autonomía presupuestal de los municipios locales y, más ampliamente, contra los esfuerzos de descentralización que ordena la Constitución del 91. La cereza al vaso se la puso el Artículo 31 del recién aprobado Proyecto de Ley 130 del Senado y 158 de la Cámara de Representantes, el cual afirma que “…los proyectos susceptibles de financiación con cargo del 60 por ciento del Fondo de Compensación Regional y del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, para su aprobación deberán contar con el voto positivo del Gobierno Nacional”. Es decir, más poder central en la toma de decisiones sobre qué tipo de proyectos reciben el financiamiento de las regalías.

Dado el contexto del gasto público colombiano, personalmente soy afín a los del primer grupo – eso sí, sin fanatismos – e incluso estoy de acuerdo con las polémicas pero sensatas declaraciones del Ministro de Hacienda, porque la historia reciente del país no es precisamente solidaria con aquellos que defienden la descentralización como el camino para cerrar la brecha entre las regiones y el centro del país en términos de desarrollo económico y social. Aún siendo consciente de los riesgos que conlleva centralizar el poder, me aventuro a soportar mi posición trayendo a colación el caso del uso que el departamento de La Guajira le dio a sus regalías durante 2002 – 2008, previo a la aprobación de la Reforma a las regalías.

Pero antes, vale la pena hacer una breve recapitulación del significado y razón de ser de las regalías. La Constitución colombiana establece la propiedad del Estado sobre el subsuelo. Los recursos no renovables que allí yacen pueden ser explotados, lo cual implica establecer unas reglas claras de participación que incentiven la inversión en exploración y explotación. Pero así mismo se hace necesario compensar a la sociedad por el agotamiento de sus recursos, lo cual constituye el sustento teórico de la existencia de las regalías. Las regalías, pues, son un tipo de compensación económica por la explotación de un recurso no renovable con el objeto de proveerle a la sociedad la oportunidad autónoma de convertir ese dinero en gasto público (inversión en infraestructura y/o construcción de capital humano a través de salud y educación) ó en ahorro.

En el caso de La Guajira, conocido por sus abundantes recursos de gas natural y carbón, el departamento recibió entre 2002 y 2008 cerca de $2 billones por concepto de regalías directas, de las cuales fueron receptores el departamento (54 por ciento), los cinco municipios principales (34 por ciento) y el resto de municipios. Según el análisis del DNP, con estos recursos el departamento y sus municipios deberían haber cumplido ampliamente las metas de bienestar social y cobertura de servicios básicos establecidas por el Gobierno, y sin embargo, La Guajira ocupa el 7º lugar a 2011 en la lista de departamentos con la mayor proporción de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas (40,47%), superado solo por Córdoba (42,68%), Guainía (45,56%), Sucre (46,60%), San Andrés (50,83%), Vichada (51,94%) y Chocó (81,94%).

El ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes acusa a este mal como “la tragedia del clientelismo”, en donde el clientelista concibe al presupuesto nacional y local como un recurso inagotable que debe ser aprovechado para maximizar las necesidades financieras de los políticos, sus bancadas y su limitada clientela. Este mal no sólo desangra crónicamente el gasto público de los departamentos en Colombia, sino que se ha convertido en el marco lógico a través del cual alcaldes y gobernadores locales realizan concesiones para estructurar y ejecutar los proyectos financiados con el gasto público en sus municipios y departamentos. La reforma a las regalías busca evitar, a través de una planeación estricta y a largo plazo de los proyectos, que dichos desangres sigan ocurriendo, y que se fije una redistribución más justa de tal forma que los departamentos carentes de recursos no renovables también se vean beneficiados.

Aunque es claro que la centralización no necesariamente es sinónimo de menor corrupción, el despilfarro del gasto público bajo esta figura podría llevarnos a la posibilidad de que políticos y clientelistas afecten el presupuesto nacional de forma tal que podría ponerse en jaque la habilidad del Estado para prestar sus servicios, y por ende el hecho tomaría un mayor dimensionamiento dentro de la opinión pública. Hasta el día de hoy los colombianos pareciéramos no darle la importancia relevante al alto riesgo que conlleva no compensar debidamente a la sociedad por la explotación de nuestros recursos no renovables a causa del clientelismo. La reforma a las regalías al menos permite que más ojos vigilen la torta y que haya más control y consenso sobre la aprobación de proyectos de impacto regional y nacional que beneficien positivamente el desarrollo del país a través de figuras como los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD).

Como decía el politólogo Samuel Huntington, “si la cultura de la sociedad no distingue entre el rol del rey como persona privada y el rol del rey como rey, es imposible acusar al rey de corrupción en el uso de dineros públicos”. Mientras alcaldes y gobernadores locales sigan invirtiendo de forma indebida el dinero de las regalías en proyectos que no involucran a las comunidades locales y nada tienen que ver con el desarrollo de sus municipios y departamentos o con altísimos niveles de sobrecostos y logren salir impunes al respecto, su población vulnerable seguirá condenada a vivir en la miseria social, y la brecha entre el gobierno central y regional y entre las regiones del país solo se hará más amplia y visible. Por eso optemos, al menos mientras nuestra bonanza minero-energética perdure, por la responsabilidad.